La mayoría de los argentinos nunca vio un debate presidencial. Lo que significa que la mayoría de los ciudadanos raramente escuchó a sus políticos hablar de temas distintos a los que eligen para sus campañas de publicidad y prensa. Hay generaciones de jóvenes que nunca vieron a sus presidentes en un diálogo de igual a igual con otro ciudadano. Entonces no es extraño que confundamos información con publicidad, rendición de cuentas con anuncios, y llamemos debates a las agresiones cruzadas. La personalización extrema lleva a creer que la campaña es un derecho del candidato para que diga lo que quiere de la manera que prefiera. ¿Y los votantes?, bien, gracias, que se arreglen con afiches y avisos.
Que a tres décadas de democracia en Argentina haya que explicar el valor de los debates presidenciales delata una indigencia informativa que nos obliga a mendigar el derecho a preguntar a políticos que creen que se puede arreglar a la ciudadanía con las sobras que caben en los espacios publicitarios. El efecto colateral de este régimen de comunicación política es que lo público se limita a lo publicitado y al ciudadano se lo trata como a un consumidor de propaganda. Los políticos llaman “comunicación directa” a la publicidad paga en medios porque no admitirían una sesión con preguntas y críticas de los ciudadanos.
La diferencia que hay entre una campaña exclusivamente publicitaria y una que incluya debates y conferencias de prensa abiertas es la que existe entre una comunicación digitada en forma personalizada y la información construida colectivamente. ¿Cuál ofrece más y mejor información cívica? ¿Una entrevista en un medio de un periodista particular a un candidato o una conversación pública donde varios reporteros puedan preguntar con distintas perspectivas? ¿Un aviso donde el candidato elige de qué hablar o un debate donde varios postulantes tengan que exponer su posición sobre temas clave?
Las campañas proselitistas asignan más espacio al candidato más financiado o con más votos en elecciones previas, con lo que benefician a los más poderosos. Al asignar el mismo espacio a todos los candidatos se propicia una conversación igualitaria que aun pautando ciertos temas permite evaluar la capacidad de reacción de los participantes y su forma de relacionarse con sus pares. Su habilidad de sintetizar y dar respuesta permite a la ciudadanía evaluar la competencia oratoria de sus dirigentes mucho mejor que los discursos kilométricos producidos a medida del protagonista. La cuota de imprevisibilidad es lo que hace de los debates mucho más creíbles que los discursos oficiales. Y la participación de políticos y periodistas a la vista de los ciudadanos pone en acto la idea de transparencia y muestra la vocación de deliberar públicamente los actos de gobierno.
Para la prensa, implica aceptar que la información pública no es una exclusiva que concede el candidato a un medio en especial. El debate desafía al periodismo a aportar un valor agregado a los dichos de los candidatos y no solo comentarlos y exige preparación al moderador que tiene la posibilidad de profundizar aspectos que no siempre puede preguntar el ciudadano común, si es que tuviera chances de dirigir su consulta a los postulantes.
Los estudios demuestran que aquellos políticos que saben desenvolverse frente a preguntas difíciles son más respetados que aquellos que se enojan con los entrevistadores o faltan el respeto a sus contrincantes. Y son más creíbles en esos intercambios que en los avisos publicitarios, que terminan repitiéndose a sí mismos en un discurso edulcorado y vanidoso. Los políticos se resisten a asociar la frivolización de sus campañas con el desinterés creciente de la ciudadanía por la política y aunque se quejan de la videopolítica nadie quiere salir de sus recetas. La respuesta que surge del libre ejercicio de la pregunta tiene una ventaja innegable sobre el eslogan publicitario: la credibilidad de la información. Un valor nada despreciable para recuperar la confianza en la política y en las instituciones, tantos años banalizadas por la propaganda.
